La Ley de Insolvencias en Guatemala

Hoy, 8 de febrero del 2,022, en el Congreso de la República se aprobó en tercera lectura, la iniciativa que promueve la Ley de Insolvencias. Pero ¿para qué es y para qué sirve la ley de insolvencias?

Primero partamos de dejar claro que con la legislación vigente en este momento, las insolvencias están reguladas en el Código Procesal Civil y Mercantil, aprobado hace más de 55 años, y que naturalmente a como evoluciona la sociedad y la economía así como el derecho, estas normas no se apegan a las necesidades actuales, sumado al hecho que son procesos largos y tediosos; podríamos agregar que estas normas protegen al acreedor, ya que garantizan el pago de las obligaciones del deudor ante estos con la ejecución del patrimonio de este último.

A nivel mundial, en países de economía de mercado, los procesos de insolvencia buscan mantener la actividad de los negocios protegiendo a los acreedores, a los empresarios y por ende a la economía del país. El proceso de insolvencias en Guatemala resulta una herramienta poco atractiva para los empresarios, tanto desde el punto de vista del deudor, que enfrenta la perdida total de sus negocios, como para los acreedores, quienes quedan sujetos a la suerte de lo que se logre rescatar para obtener el pago de sus créditos. De ahí la necesidad de que el Estado de Guatemala, por medio del Congreso de la República, brinde una herramienta esencial en estos momentos de crisis, para poder obtener soluciones viables y ágiles para deudores como acreedores, por medio de las cuales se permita al primero salir de su situación de insolvencia y, a los segundos, obtener el pago de sus acreedurías.

 

La iniciativa aprobada hoy en su tercera lectura, como resumen, busca desarrollar un régimen legal moderno y ágil, que tenga como eje central la reorganización de las empresas que se vean en estado de insolvencia, priorizando la continuidad de la actividad del deudor de una manera controlada para que, a través de la misma, se pueda hacer pago a los créditos de sus acreedores, y si en determinado caso, dicha opción resulte inviable, proceder a liquidarlas por medio de procesos legales ágiles y ordenados, dotados de la mayor certeza jurídica posible.

¿Y qué contiene la ley?

Parte del contenido de la Ley, luego de que sea publicada en el diario oficial y cobre vigencia, permitirá reducir los plazos, llenar vacíos -legales- y mejorar el proceso concursal para facilitar el trabajo del Organismo Judicial.

Por ejemplo, en un proceso concursal sencillo y ágil, con un mínimo de dos audiencias, se reducen los plazos establecidos con anterioridad y se incorpora el uso de los medios electrónicos, como herramienta de apoyo a los jueces.

Además, crea un proceso abreviado y la gestión conlleva plazos más cortos entre las diferentes fases, atendiendo a la menor complejidad de los concursos que se tramitan por esa vía.

En el tema de reorganización, la nueva normativa facilita dicha vía, se establecen plazos cortos y se modifica la normativa que consideraba una división conforme al número de acreedores y se sustituye por una división conforme al porcentaje que cada uno representa en el monto del pasivo.

En tanto que, en la rehabilitación del deudor, se expone que cuando este es una persona individual, el apartado se regula de una mejor forma y se incluyen excepciones.

 

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